NOÉ RAMÓN
La industria más importante y de mayor tamaño de Canarias es objeto de
debate durante los últimos tiempos por sus efectos sobre la salud de los
chicharreros.
Ironías de la historia: la llegada de la Refinería a Santa Cruz es
resultado del pleito insular. En 1929, la Compañía Española de Petróleos
(Cepsa) planteó la necesidad de establecer una industria en Canarias dada su
situación estratégica para abastecer a los mercados del Archipiélago, los
sudamericanos, africanos y peninsulares. Entonces comenzó la habitual guerra
entre las dos capitales canarias para que la compañía se situara en su
territorio. Ganó Tenerife pero con el tiempo aquella parece haberse transformado
en una amarga victoria. Hoy por hoy la Refinería se ha convertido en la única
gran industria junto con la de La Coruña, situada en un casco urbano con los
peligros que trae consigo. No sólo para la salud sino por el riesgo de
accidente, que aunque remoto, nunca se puede descartar del todo.
Las instalaciones se montaron en apenas ocho meses, comenzaron a funcionar
en 1930 y están consideradas las más antiguas de España y las más grandes e
importantes de Canarias. En la actualidad ocupan una superficie de medio millón
de metros cuadrados y tienen una capacidad anual de producción de 4,5 millones
de toneladas. Pese a estas macrocifras todo lo que rodea a la industria está
siempre envuelto en sombras. Y es que aunque ubicada en el centro de Santa
Cruz, son mínimas las noticias que a los chicharreros trascienden de lo que
ocurre en su interior. Durante años Cepsa se ha encargado de pagar publicidad a
los medios de comunicación o financiar a equipos deportivos y todo tipo de
actividades, incluso medioambientales, para evitar ser objeto de críticas. El
control llegaba al punto de que algunos medios tenían vetada la publicación de
fotos en la que se viera salir humo de las chimeneas.
Sin embargo, en los últimos tiempos algo ha ocurrido. Excepto algún caso
puntual, en Santa Cruz se está comenzando a hablar de forma abierta de la
Refinería y de los peligros que entraña. Del anacronismo que implica su actual
ubicación. En las últimas semanas ha trascendido un informe del Gobierno
canario obligándole a reducir sus emisiones, otro de la Consejería de Sanidad
relacionando muertes con la actividad industrial y la denuncia abierta por la
Fiscalía Medioambiental. Todo ello en poco tiempo, frente a un silencio casi
sepulcral que durante décadas han mantenido la mayoría de los medios de
comunicación. La Refinería era un asunto tabú y la sensación que se tenía es
que Cepsa pagaba, no tanto para que se hablara bien, sino simplemente para que
no se la nombrara en absoluto. Es como si las mastodónticas instalaciones
intentaran pasar desapercibidas.
El férreo silencio mediático que existía
hasta ahora comienza a romperse una vez que salen a la luz informes y estudios
de contenido preocupante.
Pero lógicamente la situación era insostenible y no daba mucho más de sí.
Durante años se han tejido entorno a la Refinería múltiples mitos urbanos. Por
ejemplo, que en caso de un accidente saltaría la ciudad entera por los aires
dado que las tuberías atraviesan Santa Cruz. O que las antorchas e indicadores
se encendían y apagaban estratégicamente para evitar causar alarma. A su favor
siempre ha tenido que crea más de 400 empleos directos y otros tantos
indirectos o que en caso de abandonar Tenerife se incrementarían notablemente
los precios de los carburantes. La propia multinacional reconoce en cierta
manera que su actual ubicación resulta ya difícil de justificar. A principios
de la década de los años noventa cedió 368.000 metros cuadrados para construir
Cabo Llanos, la nueva área de expansión de la ciudad.
Sin embargo, Cepsa ha advertido en varias ocasiones que se niega a
abandonar el resto y que en caso de que le obliguen optaría por salir de la
Isla. En una de las primeras versiones del nuevo Plan General de Ordenación
(PGO) de Santa Cruz se daba un plazo de 12 años para que dejara los terrenos
una vez que este documento entrara en vigor. Pero en 2008 se admitió que al
tratarse de una industria que afecta a todo el Archipiélago su futuro sólo
podía ser decidido por un Plan Especial Territorial. El Cabildo por delegación
del Gobierno canario lo encargó ese mismo año, pero jamás se ha llegado a
redactar ni una sola línea. El Ejecutivo ha ofrecido los terrenos de la zona
industrial de Granadilla como alternativa y la Refinería ya ha dicho que no le
resultaría rentable el traslado y que en todo caso saldrían de Canarias.
Entonces las previsiones son que este medio millón de metros cuadrados se
destine a una zona residencial al estilo de la que se ubicó en Cabo Llanos.
Batallas medioambientales y sanitarias
La batalla contra la industria se ha centrado en varios frentes. Por un
lado el urbanístico y por otro el medioambiental. En este último caso se ha
dado un paso decisivo después de que la Fiscalía haya aceptado tramitar la
denuncia presentada en su día por la formación política Ciudadanos de Santa
Cruz. Los hechos puestos en conocimiento de la justicia son muy sencillos. La
Refinería contamina y lo hace a través de la emisión al aire de metales
pesados. A partir de aquí se deben encontrar los responsables tanto desde el
punto de vista político como en la propia industria. El concejal Guillermo
Guigou y el abogado Ángel Isidro Guimerá decidieron acudir a la Justicia
después de conocer el contenido de un estudio elaborado por la Universidad de
Santiago de Compostela en el que se concluía que Cepsa da lugar a una
contaminación que se califica de “grave”.
Cepsa ya ha dicho que en caso de que le
obliguen a dejar su actual emplazamiento optará por abandonar las Islas.
La Agencia para la Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) ha
abierto, al menos, cuatro expedientes sancionadores por una posible
contaminación en el agua, subsuelo y en el aire. La mayoría de ellos se
encuentran todavía pendientes de resolución y han sido recurridos en los
tribunales. Por ejemplo, en el caso de unos vertidos localizados en los
alrededores del Castillo Negro, tras la imposición de una multa de 275.000
euros, finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) determinó
que no existían pruebas concluyentes de que Cepsa fuera su responsable. Además
se alabó la disposición de sus técnicos a reparar una avería, que sin embargo,
en teoría no era culpa suya. El resultado es que la sanción fue anulada. En
estos momentos se está tramitando otra por idéntico importe, pero esta vez por
los vertidos localizados en el frente de Valleseco que impidieron que durante
todo un verano de 2009 los vecinos pudieran bañarse en este tramo de la costa. La
sanción también ha sido recurrida en los tribunales.
Para controlar la posible contaminación atmosférica se dispone de once
medidores propiedad de Cepsa, Sanidad y Medio Ambiente, pero en la práctica,
según el estudio de la universidad gallega, su funcionamiento no es el adecuado
o incluso llega a ser nulo. Una y otra vez se apunta que se superan los niveles
permitidos, se recogen episodios en los que se detecta el fuerte olor a
contaminación que ya es característico en la ciudad e incluso que en algunos
casos se apagan las estaciones para que no salten las alarmas. Por ejemplo, en
2011 se registraron más de 40 episodios, frente a los 24 que se han puesto como
límite al año. La Consejería de Sanidad también ha elaborado un estudio en el
que determina que existe una relación entre mortalidad por enfermedades respiratorias
en Santa Cruz y La Laguna y esta actividad industrial.
La conexión se hacía patente durante el mismo día y los cinco siguientes a
los que se produce la superación de los valores límite. Otro tanto ocurre con
el incremento de ingresos hospitalarios urgentes. No obstante, la propia
Fiscalía reconoce que falta un estudio que integre todos los datos existentes
que por ahora son dispersos y parciales. El perito designado por la Fiscalía
sostiene que “las incidencias abiertas por diversas causas y muy concretamente
por la superación de niveles autorizados son relativamente frecuentes, si bien
discontinuas”. La Fiscalía admite que no existen aún estudios concluyentes y
definitivos sobre el número exacto de ocasiones en los que se ha incumplido la
legislación, ni sobre las incidencias reales que han tenido sobre la salud. En
principio la batalla judicial que se avecina resultará de todo menos pacífica.
La industria desplegará hasta el final sus recursos para evitar ser desalojada
de su actual ubicación o hacerlo en las condiciones más ventajosas. Para ello
existen artimañas de sobra.
“La Refinería
tiene un claro efecto sobre la calidad del aire y la afección más clara es la
salud humana”.
La fiscal de Medio Ambiente, Inmaculada Violán, las conoce muy bien, por
ejemplo, en el caso de los vertidos de aguas sin depurar en La Hondura, donde
desde hace años se enfrenta a la empresa Sacyr-Vallehermoso. Según la fiscal,
cada vez que se intenta dar un paso adelante en la causa, su mesa se desborda
de recursos judiciales presentados por la compañía. Algo que seguramente se
repetirá con Cepsa.
Para dar una vuelta de tuerca este verano la Consejería de Educación y
Sostenibilidad del Gobierno canario sacaba a exposición pública un estudio
encargado a la empresa BSC-CNS Earth Science Department que también concluía
con que la Refinería “tiene un claro efecto sobre la calidad del aire y la
afección más directa es la salud humana”. Los principales elementos son, por un
lado, el dióxido de azufre (SO2) y por otro el dióxido de nitrógeno (NO2). El
primero es el responsable del característico mal olor que a veces recorre Santa
Cruz y el segundo de la niebla que rodea a las ciudades contaminadas. En ambos
casos sus efectos nocivos sobre la salud están comprobados.
El estudio determina que las emisiones tienen un claro efecto local en las
inmediaciones de la instalación, pero también en un área de máxima influencia
que abarca tres kilómetros a la redonda y sólo se despeja a partir de los 17.
Por todo ello, se propone una reducción de las emisiones que en algunos casos
llegaría hasta el 29%. Curiosamente, mientras el estudio estuvo en información
pública, la Refinería procedió a paralizar del todo su actividad. Así lo dio a
conocer a través de una nota de prensa alegando como motivo los vaivenes del
mercado internacional del crudo.
La batalla urbanística
El otro frente abierto contra la Refinería se centra en los intentos de las
administraciones canarias por hacerse con la bolsa de medio millón de metros
cuadrados que aún ocupa en un lugar estratégico. Aquí se ha ganado ya alguna
que otra batalla importante. Por ejemplo, el pasado año se emitió una sentencia
firme del Tribunal Supremo (TS) en el que se obliga a la compañía a ceder un
10% de los terrenos a la ciudad. Lo que supone alrededor de 58.000 metros
cuadrados, el equivalente al Parque García Sanabria. Y ello debido a que los
terrenos, frente a lo que defendía la multinacional, no cuentan con todos los
requisitos para ser considerados urbanos. Esta victoria supone una buena mordida
en la fortaleza casi inexpugnable de la empresa.
El propio TS se mostraba sorprendido de que en la actualidad exista una
bolsa semejante y tan estratégica de suelo en medio de una ciudad. El Supremo
considera a esta industria un obstáculo urbanístico para el desarrollo de Santa
Cruz y llamaba la atención sobre la actividad tan impactante que despliega. No
ha tenido el Gobierno canario la misma suerte a la hora de declarar Bien de
Interés Cultural (BIC) el conocido como almacén de Cepsa, obra del arquitecto
José Blasco. Desde un principio la Refinería se opuso a lo que consideró otro
intento más de las instituciones canarias de invadir sus terrenos.
Tras largas batallas judiciales finalmente el Supremo decidió que el
Ejecutivo había incumplido determinados trámites y por lo tanto tendrá que
esperar, al menos dos años más para poder volver a iniciar el proceso con el
fin de proteger este inmueble. La Refinería mantiene desde hace años una guerra
casi continua con la Autoridad Portuaria por el canon que se le hace pagar por
las tuberías que atraviesa el suelo portuario. Hasta ahora las sentencias han
sido favorables a Puertos.
Cepsa también reclamaba al Ayuntamiento 31 millones de euros por impedirle
construir una gasolinera en los terrenos donde actualmente está el Recinto
Ferial. Finalmente, el TSJC ha determinado que no se le podrá compensar por el
lucro cesante, sino desde el punto de vista urbanístico. En estos momentos se
está determinando la cuantía una vez que cada una de las partes hace valer sus
argumentos.
El Ayuntamiento defiende que renunció a su 10% de aprovechamiento en este
privilegiado enclave y Cepsa que permitió que los terrenos fueran ocupados con
varios años de antelación. El TSJC tendrá la última palabra. No menor ha sido
la batalla por el pago de la tasa por el Impuesto de Bienes de Características
Especiales (BICE) que en 2008 y 2009 experimentó un notable incremento, hasta
el punto de llegar a sumar 2,7 millones. En la parte positiva se encuentra la
declaración como BIC del espacio cultural El Tanque. La instalación es la única
que queda del pasado industrial en los terrenos cedidos a Santa Cruz y se ha
conseguido mantener en pie pese a las rancias voces en contra. Supone un avance
de lo que puede ocurrir en el futuro. Tal vez cuando Cepsa abandone del todo su
actual ubicación se mantenga algún vestigio como éste para recordar una
actividad que con sus luces y sombras ha sido básica en la historia de Santa
Cruz.
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