1º PUBLICAMOS NOTA GABINETE INTERFEDERAL CCOO (el subrayado es nuestro)
2º Queremos expresar nuestra satisfacción por la DECLARACIÓN de 11 de junio 2013 de la COMISIÓN EJECUTIVA Y SECRETARIOS/AS GRALES DE LAS ESTRUCTURAS CONFEDERALES DE CCOO desvinculándose formal y oficialmente del voto favorable del responsable del gabinete económico confederal en el famoso informe de "expertos" sobre el futuro de las pensiones.
3º En nuestra opinión falta tomar decisiones sobre la persona que puede responsabilizarse de dicho gabinete económico, en relación con la opinión oficial de nuestro sindicato sobre la materia.
A LA ATENCIÓN DEL COMPAÑERO SECRETARIO GENERAL y LA EJECUTIVA DE LA CSCCOO
Estimado Secretario General y miembros de la Ejecutiva Confederal:
Queremos trasladaros tanto nuestro asombro y contrariedad por el voto favorable del responsable del Gabinete Económico de la Confederación Sindical de CCOO al Informe emitido para avalar el diseño del factor de sostenibilidad de las pensiones, así como algunas otras consideraciones al respecto de su contenido. Un voto favorable que resulta aún más paradójico y escandaloso, porque contradice la Circular de la Secretaría Confederal de Seguridad Social, de 13 de marzo de 2013, en la que se insiste en la inconstitucionalidad de la supresión, a golpe de Decreto Ley, de las reglas de revalorización automática de pensiones según IPC, eliminación que el Informe consagra, puesto que su contenido supone la renuncia e inmediata al derecho legal a la revalorización de las pensiones.
Todos sabíamos que era poco probable, dada la composición del grupo de expertos, la introducción de enmiendas que procurasen cambiar sustancialmente la pretensión inicial del informe de recortar las pensiones. No son expertos independientes, imparciales y objetivos. Son profesionales de parte interesada con vínculos estrechos, conocidos y muy bien retribuidos económicamente, con entidades financieras y compañías aseguradoras y, es por ello, que el contenido del Informe está en la misma línea de recorte de pensiones presentes y futuras que defienden todos los trabajos elaborados en otros grupos promovidos por los mismos intereses (UNESPA‐ patronal de las aseguradoras‐ y MAPFRE).
Así, en la medida en que la orientación central no ha sido modificada, resulta todavía más desconcertante el voto favorable. Ni el lenguaje menos áspero de la versión definitiva del Informe, ni la tenue referencia a la subida de ingresos, ni el otorgamiento al poder político de la última palabra y, menos aún, el sucedáneo de voto particular del técnico de CCOO, aconsejando atrasar la fecha de aplicación de las soluciones propuestas a 2019 ‐ para que nos vayamos acostumbrando (¡!)‐ permite entender que el apoyo de este profesional, con línea directa con la Ejecutiva Confederal y la Secretaria Confederal, a los contenidos del Informe pueda considerarse un tema estrictamente personal e independiente.
Conocemos los problemas de la economía española, las múltiples y generalizadas crisis empresariales – que, por cierto, no forman parte de la práctica profesional diaria del que tan frívolamente ha jugado con el nombre y credibilidad de CCOO. Pero la respuesta no puede ser adaptar las políticas sociales a la política económica, o santificar, como en el Informe se hace, la reforma constitucional que antepone garantizar el pago de las deudas a sostener niveles dignos y suficientes para las pensiones. La respuesta debe ser justamente la contraria, redefinir la política económica al servicio del interés social, el cambio del modelo productivo y la creación de empleo de calidad. Operar, por tanto, por el lado de los ingresos y no sólo de los gastos del sistema.
Por consiguiente, de existir realmente un problema de financiación inminente de la Seguridad Social, la solución propugnada por nuestra organización debe ser la adopción inmediata y prioritaria de medidas que introduzcan criterios de equidad y justicia distributiva en la aportación de las cuotas que sostienen el sistema público de Seguridad Social, incluidas las pensiones.
Debe abordarse, por tanto, la injusta situación actual que permite que trabajadores que ganan
cuantías que van desde el Salario Mínimo hasta 3.263 € brutos (base máxima de cotización) realizan aportaciones del 4,7% de su salario, más el 23,6% por parte de la empresa. Por el contrario, aquellos trabajadores con retribuciones mayores a 3.263 € mensuales contribuyen con cuantías que relacionadas con su sueldo son inferiores. Así, asalariados que ganan, por ejemplo, 7.000 € mensuales cotizan por unas cuantías que tan solo representan sobre su salario el 2%, más el 11% por cuenta de la empresa. Este injustificado trato se extrema en trabajadores que perciban 11.000€ mensuales quienes tan sólo aportarían el 1% de su salario, frente, recordemos, al 4,7% que paga el que gana 1.000 € al mes. Corregir este abusivo escenario no requiere más que suprimir el límite de la base de cotización máxima o elevarlo progresivamente de forma que aporten quienes más salario perciben. Recordemos que no hay, en la actualidad, ninguna disposición legal que obligue al sistema de Seguridad Social, de eliminarse la base máxima de cotizaciones, a modificar la cuantía actual de pensión máxima. De no ser esto suficiente, complementariamente debería acudirse siempre a aportaciones del Estado vía impositiva, a cargo de todas las fuentes de rentas y no sólo las del trabajo, que son las que cotizan a la Seguridad Social.
Sin embargo, las diferentes alternativas que propugna el Informe de los expertos priorizan y resaltan el recorte de las prestaciones públicas y, consecuente e implícitamente, la necesidad de complementar con ahorro privado aquellas, aumentando así el negocio de aseguradoras y entidades financieras de las que proceden la mayoría de los miembros que han elaborado el Informe.
Y si lo anterior no hubiera sido suficiente para mostrar el más profundo rechazo por parte de nuestra organización al Informe, hemos de resaltar que si el contenido del mismo se tradujera en ley, implicaría la santificación oficial de la reforma constitucional ilegítimamente aprobada (sin referéndum popular como lo fue la Constitución Española) que prioriza el pago de las deudas públicas, frente al mantenimiento de las prestaciones sociales, profundizando, aún más, en los efectos de la reforma laboral.
Ni la autonomía e independencia con la que este compañero declara haber trabajado, ni su desconocimiento de la realidad laboral inmediata y de los efectos de la crisis dado que no participa en las impugnaciones y análisis de los argumentos empresariales en sus despidos y rebajas salariales, han sido suficientes para inmunizar el hecho de que su voto se emitiera en nombre de CCOO.
Tampoco lo ha sido la respuesta tibia y con intentos de minimizar la transcendencia de estas actuaciones. Alegar que se trata tan sólo de un informe, que no nos vincula como interlocutor social, no solo agrava la irresponsabilidad sino que legitima a aquellos que, a título personal e independiente, disponen frívolamente del nombre de una organización y dilapidan la credibilidad que día a día se troquela en los centros de trabajo gracias al trabajo y sacrificios de centenares de afiliados, delegados y simpatizantes.
Consideramos, por tanto, que las conclusiones del Informe quiebran los planteamientos colectivos y de consenso hasta ahora defendidos por nuestra Confederación. Consecuentemente el personal técnico, abajo firmante, no podemos sentirnos representados por las consideraciones y votos de este compañero en cuestión.
Agradeciendo vuestra atención y en espera de respuesta, os saludan:
Gabinete Interfederal: Enrique Lillo, Eduardo Gutiérrez, Ángel Martín, Alicia Gómez, Cristina Segura, Lola Morillo, y Daniel Albarracín.
