Más allá de quienes califican la intervención de YPF como nacionalización
revolucionaria de los recursos energéticos o expropiación a una multinacional
del petróleo (dándole así su justo merecido, según explica el gobierno
argentino), o de quienes entendemos que podría ser legítima si así lo decidiera
soberanamente el país con respeto a sus propias leyes y a los tratados
internacionales por él suscritos, lo sucedido en Argentina con YPF y REPSOL
ha sido una intervención llena de sombras. Sombras en las formas, en las
razones esgrimidas y en su previsible resultado final que, sin duda, terminarán
por decepcionar las entusiastas expresiones de algunos sectores sociales y
políticos que han visto la medida como una acción en favor de la justicia
social. El tiempo lo dirá.
Pero no necesitamos esperar para comprobar el fuerte quebranto que para
Repsol puede representar si, como parece, la compensación por parte de
Argentina no responde al valor objetivo de lo expropiado. Es ahí donde surge la
discusión en caliente en las redes sociales, donde se expresan muy diversas
opiniones. Unas entienden que es una afrenta a España, por lo que la
respuesta debe ser patriota, y ahí caben los boicots a productos argentinos,
desagravios o movilizaciones, locuras que siempre nacen de invocar
enfáticamente a la patria.
Entonces, ¿debemos ser indiferentes como expresan muchas voces? Para
fundamentarlo afirman que, al ser Repsol una empresa privada y extranjeros
una parte importante de sus accionistas, su destino es algo que afecta en
exclusiva a sus propietarios. Yo afirmo que no, porque solo desde una visión
extrema y de lo más ultraliberal se puede identificar exclusivamente a las
empresas con sus accionistas o considerar que sus éxitos o fracasos serían
ajenos al resto de la sociedad, a sus trabajadores y a los territorios donde
están ubicadas.
Repsol no es España, es cierto, tan cierto como sí son España sus 17.000
trabajadores/as directos en el país y muchos de sus 480.000 accionistas
minoritarios. Como lo son sus complejos industriales de Euskadi, Galicia,
Castilla-La Mancha, Murcia y Catalunya, donde trabajan cientos de empresas
de servicios y en ellas bastantes miles de trabajadores. También su puntero
Centro de Tecnología de Móstoles (Madrid) y sus 3.620 estaciones de servicio
repartidas por todo el país.
No sabemos cómo va a repercutir en las cuentas de los grandes accionistas,
españoles o extranjeros. No es nuestro principal problema, sabemos que
nunca pierden. Pero sabemos que precisamente la fortaleza industrial de
Repsol y su salud financiera han permitido que, tras varios años de crisis
general de la economía, se haya culminado el pasado miércoles la
inauguración de la ampliación del complejo industrial de Cartagena, iniciada
hace 4 años, y que ha representado la mayor inversión industrial de la historia
de nuestro país: 3.150 millones de euros, duplicando la capacidad de
destilación de crudo en Cartagena, contribuyendo con ello a una clara mejora
de nuestra balanza comercial tan deteriorada.
Igual trascendencia económica y social tienen
de escasa inversión industrial
unidad de coque de la refinería de Petronor, en Bilbao, o los 100 millones de
euros anuales de salarios que representa la red de empresas homologadas en
torno a su complejo industrial de las Comarcas de Tarragona.
Repsol no es España, pero su presente y futuro no son ajenos a los intereses
de sus trabajadores y del conjunto de la ciudadanía. Así lo entiende el
sindicalismo cuando no comparte la opinión de los que consideran que las
empresas son exclusivamente de sus accionistas, uno de los muchos frentes
de nuestra confrontación. Y estas posiciones ultraliberales son las que pueden
acabar reforzando algunos argumentos que critican a CC.OO. y UGT porque
hemos expresado nuestra preocupación y compromiso con la defensa del
proyecto industrial de una de las mayores empresas industriales de nuestro
país.
No deberíamos ser indiferentes a lo que le suceda a Repsol, como no lo somos
en FITEQA CC.OO respecto a los esfuerzos de internacionalización de
empresas del sector de la moda, la energía, la química o la farmacia, como
Inditex, Mango, Puig, Gas Natural Fenosa, Gamesa, Maxan, Grupo Esteve,
Grifols, etc., empresas que, más allá de la propiedad de sus acciones, se
reconocen como españolas. Y que, con su internacionalización, atenúan una
de las principales debilidades de nuestro tejido productivo, como es el reducido
tamaño de la mayoría de nuestras empresas y el escaso número de compañías
internacionales, lo cual nos impide aprovechar las ventajas de ser el país sede,
como vemos día a día con las multinacionales de otros países, a la hora de
localizar su inversiones, el I+D+i, los nuevos proyectos y también, como en el
caso de Repsol ( 8.310 millones de
generan sus beneficios.
Por esto es tan importante arriar las banderas y silenciar himnos patrióticos que
nos distraigan del fondo del conflicto, para que REPSOL sea adecuadamente
tratada y se refuercen el resto de las numerosas empresas españolas en
Argentina. Nos va mucho en ello.
Joaquim González Muntadas
Secretario General de FITEQA- CCOO
