Enrique Lillo es un bien conocido abogado laboralista que ha acompañado la creación y el desarrollo de los servicios jurídicos de CCOO desde la posición de abogado de rama hasta el asesoramiento confederal. Desde hace tiempo es responsable del Gabinete Interfederal de CCOO. La Revista de la Fundación 1 de Mayo ha publicado una entrevista, realizada por Carmen Rivas, en la que Lillo explica las consecuencias de la reforma laboral focalizándolas en los despidos colectivos y la degradación de la negociación colectiva. Frente a ello, no cabe sino una respuesta social activa y contundente, porque la apuesta en juego es muy fuerte. Enrique Lillo muestra la capacidad de resistencia que posibilita la acción jurídica de defensa de los derechos de trabajadoras y trabajadores y su importancia central en estos momentos.
Pregunta: La crisis económica esta teniendo profundas repercusiones para los trabajadores tanto por la pérdida de empleo como por el empeoramiento de las condiciones económicas y sociales a causa de las reformas laborales, en especial, la última aprobada del gobierno del Partido Popular.
R.: Esta última reforma laboral supone una carnicería para los trabajadores que, si se consolida en los términos en que ha sido diseñada por el Partido Popular, va a traer un empeoramiento y empobrecimiento, que ya se está dando, de las condiciones de vida los trabajadores y de sectores de las clases medias y puede significar también el propio cuestionamiento del futuro de los sindicatos. La reforma laboral, no sólo abarata y facilita el despido, que pasa a ser de 20 días o de algo más de 20 días para aquellos casos en que los trabajadores acuerden con sus empresas. La reforma laboral puede suponer, si se consolida como proyecto, el enterramiento de la negociación colectiva y sin negociación colectiva no existen sindicatos. Y digo enterramiento porque al favorecer los convenios de empresa y la caducidad en la ultra actividad de los mismos puede hacer que los trabajadores se queden sin convenio colectivo de aplicación. Esto va a generar muchas más dificultades materiales para negociar nuevos acuerdos.
P.: ¿En qué momento de la aplicación de la reforma laboral nos encontramos y cual es su apartado más peligroso, más dañino para los trabajadores?
R.: La aplicación de la reforma laboral como digo tiene dos fases, en la primera el abaratamiento masivo del despido, reducción salarial y empobrecimiento de los trabajadores y de amplios sectores de la clase media y la reducción o pérdida de sus condiciones laborales. En la segunda fase que puede empezar en junio, desaparecen buena parte de las unidades de negociación, si estos convenios no son renegociados antes de junio de 2013. Creo además que esta reforma laboral implica que a los trabajadores se les dificulta sus posibilidades de defensa frente a los empresarios. Digo esto porque la reforma laboral exige a los sindicatos y a sus abogados un esfuerzo profesional de entendimiento de la nueva regulación de despidos colectivos y de la nueva regulación de las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo que implican reducciones salariales. Y eso exige adquirir conocimiento sobre economía de la empresa: balance, auditorias, cuentas de resultados, memorias. Para lo cual se necesita no sólo un replanteamiento del contenido cognitivo de los abogados sino también de los propios sindicalistas.
P.: Entiendo muy bien que los abogados tengan que ponerse al día de la nueva legislación laboral y conocer a fondo los mecanismos que les permitan argumentar las demandas pero, ¿por qué, también los representantes de los trabajadores necesitan adquirir esos conocimientos sobre economía de empresa?
R.: Los sindicalistas deben familiarizarse inmediatamente y empezar a estudiar y aprender sobre periodos de consulta, información dentro del periodo de consultas, qué tipo de documentación hay que preparar, descifrar el contenido de la documentación económica puesto que su función no va a ser sólo negociar la indemnización económica. Si no se tienen estos conocimientos no se podrá defender bien el periodo de consultas y tampoco se podrá articular, correctamente, la demanda de impugnación colectiva. Para esto hacen falta más medios técnicos, sobre todo de economistas familiarizados con la situación económica en la empresa y más conocimientos por parte de los sindicalistas de las documentaciones de las empresas, de las memorias, los balances y las cuentas de resultados.
P.: ¿Con estos nuevos conocimientos se podrá minimizar el impacto de la última reforma laboral o simplemente hacer frente a la agresión?
R.: Servirán para hacer una lucha exclusivamente defensiva. Conseguir un buen pacto en un expediente de regulación de empleo evidentemente es un problema sindical pero también ahora, a raíz de la reforma laboral, es un problema técnico, económico y jurídico. El desafío es tan grande que el hecho de que rebajen las indemnizaciones, que te cuestionen la negociación colectiva y que te obliguen, si quieres defenderte, a unos esfuerzos técnicos que necesitan muchos recursos y medios, nos sitúa ente un panorama muy desolador que es en el que nos ha colocado el Partido Popular.
P.: ¿Cuando hablamos de impugnación colectiva a qué nos estamos refiriendo?
R.: Nos estamos refiriendo a la demanda de dimensión colectiva que deben presentar la representación colectiva de los trabajadores si el ERE ha sido decidido unilateralmente por la empresa. Es decir si no se ha alcanzado un acuerdo colectivo dentro de los plazos previstos para poner en marcha el Expediente de Regulación de Empleo o del despido colectivo entonces hay que hacer una demanda de impugnación y esta demanda de impugnación exige conocer bien los entresijos económicos, mercantiles de la propia empresa y eso requiere medios que nos permitan conocer esos entresijos. Además hay que saber que la ley de reforma laboral favorece mucho al empresario. Si el empresario presenta sus cuentas y sus documentos formales, el éxito de la impugnación colectiva va a ser más difícil que si el empresario no presenta la documentación en regla. La impugnación colectiva cobra una importancia trascendental ya que una de las grandes faenas, por decirlo con claridad “putadas” de la reforma laboral del PP es la supresión de la autorización administrativa de los expedientes de regulación de empleo. Esto ha obligado al cambio de modelo de gestión de los despidos colectivos y tiene como consecuencia el propio abaratamiento de esos despidos, que ya no necesitan la autorización administrativa en la que el papel de la Inspección de Trabajo era fundamental. Ya te la juegas en un pleito y este pleito es de articulación procesal difícil y por eso digo que han hecho a propósito las tres faenas de la reforma laboral: abaratamiento del despido con reducción del salario y empobrecimiento generalizado de los asalariados, incluso de la clase media, hundimiento de la negociación colectiva con la pérdida de la ultra actividad de los convenios y poner trabas y dificultades técnicas a los trabajadores y a los sindicatos para que puedan defenderse de esta avalancha.
P.: Esta habiendo muchos ERES en los medios de comunicación y buena parte de ellos, la mayoría, los están ganando los trabajadores. Esto ¿a qué se debe?
R.: Primero a que muchos empresarios tenían compromisos y pactos previos a la reforma laboral y han interpretado que la reforma laboral modifica y anula esos pactos y esto es un disparate, jurídicamente hablando porque los pactos y los compromisos no dependen de la ley aplicable si no que tienen una vigencia por si mismos. Por otro lado, la interpretación judicial es exigente en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de información económica y de negociación real dentro del periodo de consultas. Estas obligaciones de información exhaustiva y de negociación real con los representantes de los trabajadores dentro del periodo de consultas están incluso claramente establecidas por las directivas comunitarias y por sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo creo que estos incumplimientos ha motivado que los jueces velen por la pureza del procedimiento y que aquí los despidos colectivos no se utilicen para actuaciones fraudulentas o iniciativas que suponen simplemente el incumplimiento de otros apartados de las leyes laborales, de la ley de seguridad social, del código de comercio o de la ley de sociedades anónimas.
P.: Estás coordinando el recurso de los trabajadores de la Radio Televisión Pública de Madrid contra el expediente de Regulación de Empleo que ha despedido al 80% de la plantilla. Creo que este ERE no tiene precedentes ni por la forma ni por el fondo…
R.: A mi me parece que lo que ha hecho la dirección de Telemadrid es simplemente un acto de represión política y social. Es verdad que tendría pérdidas por la pésima gestión de directivos. Pero la solución que da es, desde el punto de vista social y legal, descabellada puesto que pretende desmantelar el servicio público con el despido de la inmensa mayoría de la plantilla, sin respetar la garantía de prioridad de permanencia de los representantes legales y sindicales. Además ha desmantelado su propia justificación que es la realización de actividades informativas, puesto que los periodistas que han superado oposición han sido despedidos y han dejado a otros que no han pasado por ninguna prueba objetiva para su contratación. La actuación es claramente fraudulenta y desproporcionada, una medida abusiva porque implica la expulsión de la práctica totalidad de la plantilla. Tiene también un carácter de especulación económica y de contenido ideológico y político puesto que pretende sustituir el trabajo y la actividad de los empleados de Telemadrid por empresas subcontratadas. Con la situación que tenemos en España en donde todos los días vemos que uno de los canales por los que se está desarrollando la corrupción política es el cobro de percepciones económicas por empresas subcontratadas, resulta absolutamente censurable que ahora se sustituya a la plantilla de Telemadrid por empresas externas que, a cambio de la adjudicación, en ocasiones pagan la denominada mordida.
P.: Si la reforma laboral llega a aplicarse en su totalidad, ¿qué es lo que nos espera?
R.: El futuro no podemos saberlo. Pero si no hay una respuesta y una reacción social inmediata y masiva que haga ver al PP el rechazo total y radical de la sociedad, el futuro que nos espera es de más pobreza de la que ya hay, indefensión de trabajadores y cuestionamiento de la viabilidad y del futuro de los sindicatos junto con el cuestionamiento y la viabilidad de las fuerzas de izquierda.
Enrique Lillo es abogado laboralista de CC.OO
