La Ley de Evaluación Ambiental ha recibido hoy el visto bueno del Congreso de
los Diputados y pasa al Senado. El único partido que la ha defendido es el PP:
los demás han votado en contra y CiU se ha abstenido. Entre otras cosas, la
norma obliga
a someter a evaluación de impacto ambiental todos los proyectos en los que se
use la técnica de fracturación hidráulica (fracking). También
incluye multas a las prácticas de bunkering
que hacen las llamadas gasolineras flotantes (buques que suministran
combustible mientras están permanentemente fondeados) y obliga a incluir en los
proyectos estudios de peligrosidad sísmica. Esta última obligación fue incluida
a última hora, en forma de dos enmiendas presentadas por el PP después de que estallara
la crisis del proyecto Castor, el almacén de gas que se relaciona con
centenares de seísmos frente a las costas de Vinaròs (Castellón).
La norma es polémica porque lo que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente considera una mejora —simplificar y agilizar los procedimientos— es para las organizaciones ecologistas un peligro evidente. Creen que puede facilitar que se aprueben más proyectos con impacto en el medio ambiente y en menos tiempo. El ministro, Miguel Arias Cañete, ha explicado que su departamento se ha propuesto dar salida a los 10.000 expedientes que actualmente se acumulan esperando resolución.
Todos los grupos de la oposición han criticado que la norma se haya tramitado en el Parlamento por vía de urgencia, a petición del Gobierno, informa Servimedia.Tampoco ha gustado que se incluyera en un texto legal de este tipo el memorando del trasvase Tajo - Segura que fija el acuerdo que alcanzaron hace unos días el Ministerio y las cinco comunidades autónomas dependientes del río Tajo. El acuerdo, calificado de histórico por sus protagonistas, supone que Castilla-La Mancha consigue elevar su reserva de agua exclusiva de 240 hectómetros cúbicos a 400. A cambio, Valencia y Murcia logran que la continuidad del trasvase tenga rango de ley y se garantizan mayores trasvases siempre que llueva. El pacto figura en las enmiendas a le Ley de Evaluación Ambiental y fue introducido en el último momento.
Una de las figuras polémicas que recoge la norma es la creación de bancos de hábitat o conservación, un sistema que funciona en Estados Unidos desde los años 80, y que crea controversia porque permite la posibilidad de compensar el daño ambiental de un proyecto —una carretera, un edificio o una fábrica— adquiriendo un trabajo de recuperación ambiental hecho en otro lugar.
La ley "garantiza la máxima protección ambiental", ha asegurado el portavoz del PP, Guillermo Colarte, e incorpora el "importantísimo" acuerdo del trasvase Tajo-Segura, ha añadido, informa Servimedia. La portavoz del PSOE, Laura Seara, ha señalado que la norma "da un paso atrás en la protección del medio ambiente" porque "pretende acortar los plazos en los expedientes" y ha denunciado que el acuerdo del trasvase se ha introducido "por la puerta de atrás".
Una de las enmiendas añade una nueva letra (la y) en uno de los anexos: "Peligrosidad sísmica: probabilidad de que el valor de un cierto parámetro que mide el movimiento del suelo (intensidad, aceleración, etc.) sea superado en un determinado periodo de tiempo". En la otra, que modifica otra letra del mismo anexo, añade "la peligrosidad sísmica natural o la peligrosidad sísmica inducida por el proyecto". "Estas dos enmiendas tienen bastante que ver con la percepción que tenemos todos los grupos de que ahí había una pequeña laguna. Pretendemos que no se repita una situación como la de Castor", explicó hace unos días a EL PAÍS Guillermo Colarte.
Hace unos días el Parlamento Europeo aprobó también que las actividades de extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica (técnica conocida como fracking) deban someterse a estudio de impacto medioambiental obligatorio. Una novedad respecto al borrador inicial de la propuesta fue que no solo deberán aplicarse estas precauciones a la extracción, sino también a la exploración.
La norma es polémica porque lo que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente considera una mejora —simplificar y agilizar los procedimientos— es para las organizaciones ecologistas un peligro evidente. Creen que puede facilitar que se aprueben más proyectos con impacto en el medio ambiente y en menos tiempo. El ministro, Miguel Arias Cañete, ha explicado que su departamento se ha propuesto dar salida a los 10.000 expedientes que actualmente se acumulan esperando resolución.
Todos los grupos de la oposición han criticado que la norma se haya tramitado en el Parlamento por vía de urgencia, a petición del Gobierno, informa Servimedia.Tampoco ha gustado que se incluyera en un texto legal de este tipo el memorando del trasvase Tajo - Segura que fija el acuerdo que alcanzaron hace unos días el Ministerio y las cinco comunidades autónomas dependientes del río Tajo. El acuerdo, calificado de histórico por sus protagonistas, supone que Castilla-La Mancha consigue elevar su reserva de agua exclusiva de 240 hectómetros cúbicos a 400. A cambio, Valencia y Murcia logran que la continuidad del trasvase tenga rango de ley y se garantizan mayores trasvases siempre que llueva. El pacto figura en las enmiendas a le Ley de Evaluación Ambiental y fue introducido en el último momento.
Una de las figuras polémicas que recoge la norma es la creación de bancos de hábitat o conservación, un sistema que funciona en Estados Unidos desde los años 80, y que crea controversia porque permite la posibilidad de compensar el daño ambiental de un proyecto —una carretera, un edificio o una fábrica— adquiriendo un trabajo de recuperación ambiental hecho en otro lugar.
La ley "garantiza la máxima protección ambiental", ha asegurado el portavoz del PP, Guillermo Colarte, e incorpora el "importantísimo" acuerdo del trasvase Tajo-Segura, ha añadido, informa Servimedia. La portavoz del PSOE, Laura Seara, ha señalado que la norma "da un paso atrás en la protección del medio ambiente" porque "pretende acortar los plazos en los expedientes" y ha denunciado que el acuerdo del trasvase se ha introducido "por la puerta de atrás".
Una de las enmiendas añade una nueva letra (la y) en uno de los anexos: "Peligrosidad sísmica: probabilidad de que el valor de un cierto parámetro que mide el movimiento del suelo (intensidad, aceleración, etc.) sea superado en un determinado periodo de tiempo". En la otra, que modifica otra letra del mismo anexo, añade "la peligrosidad sísmica natural o la peligrosidad sísmica inducida por el proyecto". "Estas dos enmiendas tienen bastante que ver con la percepción que tenemos todos los grupos de que ahí había una pequeña laguna. Pretendemos que no se repita una situación como la de Castor", explicó hace unos días a EL PAÍS Guillermo Colarte.
Hace unos días el Parlamento Europeo aprobó también que las actividades de extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica (técnica conocida como fracking) deban someterse a estudio de impacto medioambiental obligatorio. Una novedad respecto al borrador inicial de la propuesta fue que no solo deberán aplicarse estas precauciones a la extracción, sino también a la exploración.
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