Finalmente, el gobierno que afirmó que “hablaría con todos los implicados antes de tomar decisiones” en el tema de los derechos de autor en la red, ha aprobado el reglamento de la llamada “ley Sinde” en su primer consejo de ministros operativo.
Una buena prueba de lo que el Partido Popular y Mariano Rajoy entienden por “democracia” y por “diálogo”: de nada ha servido que las circunstancias hayan cambiado completamente desde que la ley inició su tramitación: países como Suiza u Holanda, cuarto y décimo en la lista de países que mejor protegen la propiedad intelectual respectivamente, han decidido, tras sendos informes, no legislar contra las descargas, por entender que no perjudican a los creadores.
En España, en cambio, preferimos favorecer a los lobbies de intermediarios de la propiedad intelectual, mantener su monopolio sobre un inexistente mercado, y convertir nuestro país en un sitio donde una comisión administrativa dependiente del gobierno puede cerrar páginas web, igual que en China o en Irán. Sin más supervisión judicial que la meramente decorativa, sin sanciones para quien denuncie falsamente, y con total indefensión para el demandado, que tiene que recurrir a la justicia ordinaria. Una vergüenza.
Pero lo peor no es que se haya aprobado, y que un montón de empresas y de páginas decidamos huir a proveedores de hosting extranjeros, que ya de por sí es malo. Lo peor es lo que esta aprobación supone de cara al desarrollo de una guerra entre creadores y usuarios, usuarios que reaccionarán ahora creando listas de empresas que apoyaron la ley para pedir expresamente el boicot a las mismas. Y sobre todo, por una ley que no va a servir de nada: ni detendrá las descargas, ni mucho menos contribuirá a crear alternativas. Con su pan se la coman. Ya se arrepentirán.
vía: edans
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